Hoy más que nunca, por lo menos en tiempos modernos, el activismo social representa un espacio de participación de la iniciativa privada como lo menciona en su artículo Anesio Domínguez Juan. La IP puede y debe posicionarse como lo que es: un actor de transformación social, con capacidad para escuchar las inquietudes sociales con un alto sentido de responsabilidad en un contexto de politización, polarización y estigmatización.
Sabemos, gracias a las filtraciones de todos conocidas, que el gobierno federal considera al activismo social como uno de los factores que condicionan el ambiente de los negocios en diversas regiones del país. Las múltiples demandas sociales conllevan al surgimiento de estructuras que, con o sin organización, se posicionan en el ámbito público y, además, informes de inteligencia refieren un seguimiento puntual a actores y grupos que representan factores de poder.
El tema no es desconocido para las empresas, pues asuntos relativos a la sostenibilidad, transparencia, justicia, seguridad y apertura para escuchar, forman parte del abanico de focos rojos para los stakeholders, pues sin su consideración, la viabilidad de los negocios podría comprometerse en el largo plazo.
La IP no necesita partir desde cero, pues su propia base social -trabajadores, clientes y proveedores- es un instrumento de interlocución, esencial en un momento de tanta polarización.