Ya se ha cumplido un año desde que en este espacio comentamos nuestra preocupación en torno a la notoria inmersión de la delincuencia organizada (D.O.) en estructuras legales. El control criminal se hacía evidente en cadenas productivas de productos básicos en Guerrero y Estado de México, y algunos de nuestros clientes ya externaban su preocupación por la cercanía percibida en industrias de valor agregado. Dada la gravedad de lo reportado por medios nacionales, se esperaba una reacción contundente por parte del Estado para contener este fenómeno. Sin embargo, los meses han pasado y la D.O. ha fortalecido su posición multiplicando los casos en los que se reporta su participación o control de cadenas de valor a lo largo y ancho del país.
Se observan dos componentes centrales que han dado pie a la penetración de las estructuras criminales en las económicas, sociales y políticas: el vacío de Estado, y por otro, el de la ciudadanía. El crimen organizado ha aprovechado la apatía de gobiernos y empresarios para diversificar sus fuentes de ingreso y control territorial, mientras que la sociedad en general busca un beneficio económico (ahorro) inmediato sin entender el daño que generan al mercado.
La desesperación y desencanto de los empresarios empieza a permear en el ánimo, especialmente por la percepción de estar enfrentando este problema sin el apoyo de estructuras de gobierno, cuya voluntad política se concentra en un proceso electoral adelantado. Sin embargo, ceder espacios de control a la D.O. no es opción y habrá que encontrar la forma de contener y revertir el avance. Así, los grupos, cámaras y otras organizaciones empresariales toman mayor relevancia estratégica para hacer frente a esta problemática a través de canales institucionales, porque queda claro que, en la calle, los empresarios hoy “compiten” con rivales con poder desproporcionado que aplican prácticas coercitivas para ganar mercado.