Al cierre de marzo de 2023, el presidente de la República remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar disposiciones en varias legislaciones ambientales relacionadas con el régimen de concesiones de agua y minería en el país, misma que fue aprobada por la Cámara en “fast track” durante abril.
El peso del discurso sobre esta y otras propuestas impulsadas por el Ejecutivo en las últimas semanas sugieren el aparente refuerzo de la rectoría pública sobre los recursos naturales, así como intentos por captar mayor capital político. Se advierte que, como se ha mencionado en este espacio desde 2022, los «relojes del presidente» (sobre los factores que apremian a la Administración federal) se aceleran, mientras que el tiempo se agota.
No sorprende que la agenda federal busque incidir de manera más frontal en el clima de negocios, pero preocupan los indicios que sugieren que la agenda política podría contaminar la agenda empresarial con revisiones de permisos y contratos en otros sectores, así como la “réplica” de disposiciones similares a las impulsadas en minería, por ejemplo, para la gestión y uso industrial del agua.
Conforme nos acercamos al último año de gobierno se pueden esperar decisiones más “controversiales” a las que habrá que intentar anticiparse. La clave será distinguir el discurso político de la estrategia económica y, a través de cámaras empresariales, contrarrestar motivos ideológicos con hechos.