La relación México-Estados Unidos, y Canadá, ocupó parte importante de la agenda política y mediática del primer mes del año. La oportunidad de fortalecer la integración económica de la región con el “nearshoring”, ha sido suficientemente importante para dejar de lado polémicas inconclusas y desafíos que permearán en el preámbulo de un año político para, al menos, México y Estados Unidos. .
Aunque la política energética y otras posturas comerciales, como la prohibición del maíz transgénico, son fuente de tensión entre las naciones, la voluntad y posibilidad de capitalizar el momento histórico de una “globalización fragmentada” son fuente de optimismo para organizaciones y empresas con interés de explotar el potencial de la región. A pesar de los retos de gobernabilidad y Estado de Derecho, los flujos de inversión parecen continuar, especialmente en estados del norte, centro y bajío de México, donde se visualizan oportunidades asociadas a cadenas de valor que requieran manufactura especializada.
En un año donde la incertidumbre económica global invita a actuar con cautela, México deberá promover de manera comprensiva el clima de inversión, principalmente, en términos de generación y suministro de energía, infraestructura (v.gr. parques industriales e infraestructura de transporte), Estado de Derecho (v.gr. evitar “decretazos” como el de la migración de transporte de carga al aeropuerto Felipe Ángeles) y, como es de esperarse, seguridad (v.gr. «cobro de piso», daños a la seguridad ejecutiva, daños a la seguridad patrimonial). Todos rubros que tienen el riesgo de ser politizados y por ende que frustren, una vez más, una oportunidad única para destacar como potencia a nivel global.