Tras llevar una reflexión a un cliente extranjero sobre la necesidad de empresas mexicanas de participar o asumir un rol activo en iniciativas para la prevención y contención de la criminalidad, nos parece pertinente cuestionarnos qué implica para los negocios, en materia de riesgos y responsabilidades, la cruzada iniciada por los gobiernos de México y Estados Unidos para combatir el tráfico de sustancias ilegales.

Dado que se espera que EE.UU. busque impulsar nuevos esquemas para combatir a estructuras criminales, podemos advertir los siguientes efectos en el corto plazo, especialmente para empresas exportadoras o con operaciones en el exterior:

  • Aumento de sanciones de la OFAC contra empresas con presuntos vínculos con estructuras criminales.
  • Retrasos de operación y aumento de costos de logística por el incremento de controles y revisiones.
  • Incremento de la burocracia administrativa/financiera para prevenir actividades de lavado de dinero.

Así, las empresas deberán hacer esfuerzos extraordinarios por implementar programas asociados a la prevención de riesgos y la cooperación, en el orden de:

  • Transparentar las operaciones comerciales y financieras.
  • Asegurar que todas las relaciones comerciales, estratégicas y operativas hayan pasado un proceso de Due Dilligence.
  • Aunado a las capacidades de Compliance, desarrollar una Agenda de Riesgos Penales.
  • Capacitar al personal en torno a una cultura de legalidad.

Las empresas, no sólo por la responsabilidad que les otorga la Ley, debemos sumarnos a un frente que coadyuve a los esfuerzos de contención de la criminalidad por parte de autoridades. No asumamos que son problemáticas lejanas o ajenas, pues la exposición es inequívoca.

 

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